En defensa del cogobierno, la participación y la jerarquía normativa.

Frente a la pretensión de reformar el Reglamento de Elecciones, a escasos días de la convocatoria a elecciones de Rector y otros procesos, expresamos nuestro rechazo firme. Un reglamento jamás puede imponerse sobre la Ley Orgánica (Ley 24 de 2005) y el Estatuto universitario, que consagran el carácter universal, directo, secreto y ponderado del sufragio Universitario, así como las reglas de selección de representantes ante los consejos superiores.

El intento de restringir la elección de los miembros del personal docente ante el Consejo Académico, el Consejo Administrativo y los Consejos de Facultades, excluyendo la intervención de estudiantes y administrativos e incluso limitando el voto de autoridades, vulnera el principio de cogobierno y participación plural que inspira a la Universidad moderna desde la Reforma de Córdoba (1918).

La normativa vigente es clara:

• Las autoridades (Rector, Decanos, Vicedecanos, Directores y Subdirectores de Centros Regionales) se eligen por votación directa, ponderada, secreta, libre y universal. (Ley 24, arts 64-69).

• Los procedimientos electorales sólo pueden establecerse en un Reglamento aprobado por el Consejo General Universitario (CGU), conforme a la Ley (Ley 24, art. 68).

• Para integrar los Consejos (Académico, Administrativo y de Facultades), los profesores y estudiantes de cada Facultad presentan candidatos mediante votación directa e igualitaria; posteriormente, el CGU escoge a los representantes entre esas candidaturas, garantizando participación inter-estamental. (Estatuto, art. 18 y concordantes),

• Los Decanos, Directores de Centros Regionales y Coordinadores de Extensiones participan en la integración de dichos Consejos mediante los mecanismos establecidos en el Estatuto, por lo que cualquier limitación a su derecho de escoger o votar contraría la norma.

  
  

Cualquier reforma que altere este diseño mediante exclusiones, restricciones o filtros corporativos es jurídicamente inválida y políticamente regresiva

No sólo rompe la jerarquía normativa (Ley > Estatuto > Reglamentos), sino que erosiona la legitimidad y representatividad de los órganos colegiados, pilares de la gobernabilidad universitaria.

Exigimos:

• Archivar la propuesta de reforma que restringe la participación y viola la jerarquía normativa.

• Respetar el rol del CGU y del Organismo Electoral Universitario en el marco de competencias vigentes.

• Ratificar que toda elección y designación se realizará conforme a la Ley 24 y al Estatuto, preservando la intervención plural de los estamentos en la presentación y escogencia de representantes.

• Convocar a un proceso de mejora normativa integral y no coyuntural, con participación abierta de todos los estamentos y observancia de buenas prácticas democráticas.